El decreto del presidente Luis Abinader que declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo preuniversitario debió emitirse al otro día de la juramentación presidencial o el día después cuando se anunció el 4 % para la educación, hace más de diez años.

Aun así, se resalta la trascendencia de esa iniciativa oficial que procura fortalecer la institucionalidad, gobernabilidad y efectividad de las políticas públicas que garanticen un servicio educativo estatal eficiente, inclusivo y de calidad, como lo instituye la Constitución de la Republica.

El gobierno anterior aprobó poner en vigencia la ley que asigna el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación básica y preuniversitaria, en atención a un generalizado reclamo ciudadano, pero desde 2012 gran parte de esos recursos han sido dilapidados en festivales de improvisación.

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Fueron muchas las voces que sugirieron que a la par con el cumplimiento de la ley que confiere más recursos al sector educativo se requería poner en ejecución un proceso de reformas de la escuela básica y preuniversitaria, que incluyera a la comunidad educativa y al currículo escolar.

Con el 4 % se han construido más escuelas, con centenares de edificaciones todavía sin concluir, se amplió la jornada escolar, se instituyó el desayuno y almuerzo escolar, se incrementaron los salarios a los maestros, pero en sentido general, la calidad educativa ha ido en declive.

El decreto presidencial identifica nueve puntos que serían objeto de abordaje en la propuesta de reforma y modernización del sector educativo, entre los que figuran actualización de la normativa, así como el fortalecimiento del sistema de planificación y programación de políticas educativas. ¿Por qué ahora?

Llama la atención que en la comisión nombrada por el Poder Ejecutivo para encaminar la Reforma y Modernización del Sector Educativo no figuran instituciones representativas del sistema educativo privado, que seguramente tendrían mucho que aportar en calidad a la escuela básica y preuniversitaria.

Aunque la orden de urgente de remoción las arcaicas estructuras del sistema educativo nacional se produce a más de tres años de la actual gestión de gobierno y más de diez años después de aprobado el 4 % a la educación, se aplaude esa iniciativa bajo el predicamento de que nunca es tarde si la dicha es buena.