En su excesiva apariencia humanitaria la ONU se dispone a pedir dinero para ayudar “rápidamente” a Venezuela y “asistir 5.2 millones de venezolanos con necesidades urgentes para lo cual plantea un plan de respuesta que requiere 795 millones de dólares”.

Esta propuesta ha sido coordinada con el “Gobierno” de Venezuela y apoyaría servicios de salud, seguridad alimentaria, la nutrición, la prestación de servicios básicos, la educación y abordar la movilidad humana interna y hacia el exterior.

Es atendible la ayuda humanitaria, pero todo esto acordado con el Gobierno es otorgarle un respaldo político a un régimen dirigido por personeros responsables del retroceso político y económico que experimenta este país.

Además, qué legitimidad tiene un gobierno inepto, corrupto y autoritario surgido de unas elecciones sin garantías que se celebraron en mayo 2018, que registró una abstención récord (68%) y se celebraron con la ausencia de los partidos de oposición y sin presencia de observadores internacionales.

Esta dictadura ha dilapidado una riqueza inconmensurable en equipar al Ejército que se considera el tercero de la región; asistida y protegida por el castrato y los autoritarios gobiernos de China, Rusia e Irán en labores de inteligencia y logística. Gente probadamente enemiga de las democracias occidentales y de los países donantes (Unión Europea, USA, Canadá,Gran Bretaña, países asiáticos y de Llatinoamericana) que cargarían con el peso de la contribución.

Ese arreglo ONU-Maduro es otra indecencia del organismo mundial ante el atropello y falta de respeto a los mínimos estándares democráticos.

Así que cualquier estrategia de la ONU y el Gobierno venezolano que implique la consolidación en el poder a quienes han contribuido al deterioro de ese país, tiene un efecto perverso. Constituye un verdadero repliegue de ONU, enfocada en pretender mantener un equilibrio imposible entre dictadura y democracia y, peor aún, que la última cargue económicamente con los desaciertos y excesos de la primera.