Al tratar de sacar provecho de la vinculación de funcionarios y legisladores del PRM con el narcotráfico y el lavado la oposición debe tener mucho cuidado de no escupir para arriba.

Solicitar al Gobierno y al PRM explicaciones sobre alegados vínculos con el narco no solo es un exceso, sino hasta una falta de visión política.

En medio del escándalo se impone reconocer que ha sido bajo la actual gestión que se ha apresado o facilitado la detención de funcionarios y legisladores oficialistas relacionados con prácticas ilícitas.

No ha habido encubrimiento para evitar que se salpique la imagen del Gobierno o del partido. Tal vez sea necesario recordar que en la persecución contra César Emilio Peralta Adames (César el Abusador) no cayó ningún dirigente ni funcionario del Gobierno de Danilo.

Pero además Peralta Adames pudo escapar de las narices de las autoridades, a pesar de que según el DNI se le daba seguimiento, sin dejar el menor rastro. A pesar de escándalos como el de los Tucano y los sobornos de Odebrecht ningún dirigente de relevancia del PLD fue detenido y somertido.

En el caso de los aviones la entonces directora de la Pepca, Laura Guerrero, dijo que había varios legisladores, quienes al final no aparecieron.

Con la Operación Falcón la oposición debería ser más cauta y no adelantarse a los acontecimientos para, si en algún momento uno de los suyos es relacionado con operaciones ilícitas, no alegar persecución.

En diferentes ocasiones partidos opositores han acusado al Gobierno de utilizar la independencia de la justicia como arma política, lo que ha quedado desmentido con la Operación Falcón.