Cuando amplios sectores comienzan a perder la esperanza de que se enjuicie a sospechosos de corrupción, a pesar de las expectativas generadas por la designación de la exjueza Miriam Germán como procuradora general de la República, el Gobierno anunció un acuerdo con las Naciones Unidas para recibir asistencia técnica en la lucha contra el flagelo.
El pacto, que contempla fortalecer los controles para prevenir la violación de los procedimientos, es importante. Pero el palo hubiera sido la contratación de una comisión contra la impunidad como la que operó en Guatemala bajo la dirección del colombiano Iván Velásquez.
Es sabido que la justicia tiene su propio ritmo, que no siempre es acorde con el interés de la población. Pero son tantos los casos que aclarar que tienen las autoridades, que sin la asistencia de un organismo bien acreditado como la comisión de la ONU se duda que puedan establecerse responsabilidades.
Las investigaciones de las declaraciones juradas de bienes que efectúa la Procuraduría no solo se han evidenciado selectiva, sino que no parece que se llegará hasta las últimas consecuencias. El proceso parece que es más bien para complacer a un segmento sediento justicia y que ya manifiesta frustración con lo mucho que se ha hablado y lo poco que se ha hecho.
La comisión de la ONU que operó en Guatemala hizo un aporte tan extraordinario en la lucha contra la corrupción, que gracias a sus investigaciones la vicepresidenta Roxana Baldetti, primero, y el presidente Otto Pérez Molina, después, tuvieron en 2015 que renunciar de sus cargos y enfrentar juicios por corrupción. Ambos todavía están en prisión.
Aquí, el acuerdo con la ONU se limita a asistencia al Ministerio Público, la Policía y otras instituciones en la persecución penal de un número limitado de casos complejos. No se sabe si entre esos casos están los sobornos pagados por Odebrecht, la violación de las declaraciones juradas de bienes, el enriquecimiento ilícito a través de diferentes medios y otras prácticas que indignan a la gente.
El Gobierno podrá tener las mejores intenciones para combatir la corrupción. Pero es obvio que carece de una estructura como la comisión de la ONU que operó en Guatemala hasta que en 2019 el presidente Jimmy Morales decidió anular el acuerdo en medio de denuncias de corrupción contra su mandato.
La gente percibe que al ritmo que van las investigaciones y con los pormenores que tienen que cumplirse las actuales autoridades pueden llegar a 2024 con uno que otro caso abierto, pero sin ningún condenado, al menos de relevancia. La lucha, pues, terminará como agua de borrajas, aunque esta administración se lleve los lauros de gobernar con encomiable pulcritud.
