Santo Domingo. Los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz , afirmaron que el pago de RD$21 mil millones realizado a Banreservas en 2020 respondió a una obligación legal del Estado dominicano y formó parte de una operación estrictamente interinstitucional, sin transferencias a contratistas ni salida de recursos del ámbito estatal.

El abogado Eduardo Núñez , representante de Guerrero, explicó que el diseño se efectuó desde el Ministerio de Hacienda hacia el Banco dPrograma de Financiamiento a Contratistas y Proveedores , vigente desde 2003. A través de este mecanismo, Banreservas adelantaba fondos para garantizar la continuidad de las obras públicas.

«El único receptor del pago fue Banreservas. No hubo pagos directos a proveedores ni manejo de fondos por parte del exministro, como sostiene erróneamente el Ministerio Público», indicó Núñez.

La defensa subrayó que la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes 99-01 y 567-05 , lo que, según afirmaron, confirma su carácter institucional.

Añadieron que Guerrero no creó ni administró el programa, cuya ejecución financiera correspondía exclusivamente a Banreservas bajo la supervisión de los reguladores del sistema financiero.

Según los abogados, la transacción no generó pérdidas al Estado, sino que fue registrada como una reducción de pasivos públicos , al liquidar compromisos financieros acumulados.

«El propio Estado consignó esta operación como disminución de deuda. Eso no es fraude, es contabilidad pública», señaló.

Asimismo, sostuvieron que toda la operación está documentada en los registros oficiales, incluyendo el ERIR 2020 , el SIGEF y la contabilidad gubernamental, donde figura como liquidación de compromisos interestatales. “Un fraude no se publica ni se detalla en los informes oficiales del propio Estado”, afirmaron.

En ese contexto, Núñez aseguró que no puede hablarse de lavado de activos, ya que los fondos eran públicos y lícitos, transferidos entre instituciones estatales. “Sin dinero ilícito y sin delito precedente, el lavado no puede existir”, enfatizó.

Finalmente, la defensa reiteró que, tras más de cinco años de investigación, no existe evidencia que vincule a Guerrero con enriquecimiento ilícito o desvío de fondos, y adelantó que presentarán estos argumentos técnicos y documentales ante el tribunal que conoce el proceso contra los exministros.

“No ejecutar este pago habría implicado violar la ley; hacerlo fue cumplir con una obligación institucional del Estado”, concluyó Núñez.