El decomiso hace más de un mes de casi diez toneladas de cocaína en el puerto multimodal Caucedo desató durante el fin de semana un amplio operativo emprendido por el Ministerio Público, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para desmantelar la red del narcotráfico que introdujo al país ese cargamento desde Colombia.
En la Operación Panthera 7, como se denominó ese operativo, participaron 89 fiscales y 564 agentes, quienes practicaron decenas de allanamientos en residencias y negocios del Gran Santo Domingo, Santiago, La Altagracia y otros lugares, donde detuvieron a más de 15 personas.
Las evidencias recolectadas por las autoridades demuestran que los 9,889 kilos de cocaína, embalados en 9,587 paquetes, fueron traídos a República Dominicana en meses previos a diciembre por vía marítima desde Colombia por las costas de Bayahíbe, La Romana y Pedernales.
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El titular de la DNCD, José Manuel Cabrera Ulloa, dijo durante la rueda de prensa La Semanal, que encabeza el presidente Luis Abinader, que entre los primeros siete procesados por ese cargamento figuran dos sindicados como principales integrantes aquí de esa organización criminal.
Como resultado del extenso operativo antinarco se descartaron versiones de que el cargamento de cocaína decomisado en Puerto Caucedo habría salido de México, Honduras o Nicaragua, la ruta que cubrió el barco que lo llevaría hasta Bélgica.
El 6 de diciembre se informó sobre el decomiso de ese lote de drogas, el día 13 el presidente Abinader reveló que la DNCD y la DEA prepararían un informe sobre ese alijo, y el 17 de ese mes, el director de operaciones de la agencia antidroga estadounidense, Louis D’Ambrosio, vino al país y sostuvo un encuentro con Cabrera Ulloa. Obvia cronología.
Por la magnitud del operativo desplegado para identificar lo que se define como poderosa red criminal que introdujo a territorio nacional casi diez toneladas de cocaína, debe resaltarse la voluntad política del Gobierno para que en ese expediente se arribe hasta las últimas consecuencias sin importar los altares que se derriben.
En la persecución penal contra el narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y tráfico humano no existen barreras jurídicas, por lo que se recibe de buen ánimo la ayuda de Estados Unidos y otros países en la cruzada que emprenden autoridades dominicanas para desmantelar peligrosas redes de narcos que operan en territorio nacional.