Santo Domingo.-La ONG Participación Ciudadana pidió este miércoles al presidente Luis Abinader que asigne en el presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR), una partida adicional que le permita seguir realizando el programa de combatir y perseguir la corrupción en especial la administrativa.
Dijeron que es aconsejable que se otorgue partidas acordes a lo solicitado por la PGR para que el año 2021 e incluidas en la reformulación presupuestaria que será sometida al Congreso Nacional próximamente.
El organismo de la sociedad civil dijo “para enfrentar los grandes desafíos que conlleva el combate y la persecución de la corrupción administrativa y la delincuencia de cuello blanco, en general, es fundamental terminar con la precariedad y ahogamiento económico a los que está sometido la Procuraduría General de la República, no obstante que la Ley No.194-04 en su artículo 3 establece que se le debe asignar el 1.4% del Presupuesto Nacional”.
En un comunicado, la entidad afirmó que no basta con la independencia de actuación que se evidencia actualmente en los trabajos del órgano persecutor, sino que se precisa también de los recursos económicos necesarios que le permitan realizar su labor de investigación especializada y consiguiente instrumentación de expedientes sólidos que puedan ser sustentados en los tribunales de justicia.
El Consejo Nacional del movimiento cívico, recordó que en su proclama de la asamblea para el 2021 fue “Año por la independencia de los órganos de control, persecución y sanción de la Corrupción Administrativa”,
La organización de la sociedad civil lamentó que la PGR esté ahogada en el plano económico y recordó que la sociedad dominicana, salió a las calles a exigir el fin de la impunidad y tiene cifradas sus esperanzas en la actual Ministerio Público precisamente por su independencia de actuación y el temple con el cual ha enfrentado su responsabilidad.
Pero, esa misma sociedad continúa exigiendo que se sometan a los corruptos al sistema de justicia penal, se persigan y recuperen los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal y que se ponga fin a la impunidad que ha venido arrastrando al país por muchos años.
