Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República se ha tomado una tregua con las pesquisas e interrogatorios a pasados y presentes funcionarios contra los que se han presentado denuncias por desfalco en  la administración pública.

El órgano acusador está concentrado en asuntos internos  y en la recopilación de  pruebas y evidencias de los casos que han sido judicializados, explicó a El Nacional una fuente  del Ministerio Público ligada a la investigación.

Organizaciones populares, entre ellas el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), han solicitado a la PGR activar las investigaciones y el sometimiento a la justicia de funcionarios que se han enriquecido con el Estado durante los últimos 20 años.

El grupo popular aduce que el peor ladrón es el que se enriquece en el Estado en detrimento de  servicios  básicos y esenciales, como es el caso de la educación, salud, lo que impide la construcción de hospitales,  escuelas,  instancias infantiles, carreteras y otras obras sociales.

Casos en curso

 La Procuraduría General de la República lleva la investigación de supuestas irregularidades cometidas en el pasado gobierno  en  el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), la denuncia  de irregularidades con  el pago de 11,500 millones de pesos por asfalto caliente  que realizara el Ministerio de Obras Públicas y la investigación  de exmiembros de la Cámara de Cuentas.

También el alegado desfalco cometido en la pasada administración en el Plan Social de la Presidencia en la gestión de Iris Guaba.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa  investiga asimismo a  exfuncionarios y legisladores para que expliquen cómo  han adquirido el millonario patrimonio que poseen.

Entre los legisladores que han sido  llamados a explicar su declaración jurada de bienes  están  Félix Bautista, senador de la provincia San Juan; Radhamés Camacho diputado nacional y la exdiputada Lucia Medina, hrmana del ex presidente Danilo Medina.

Estos casos parecen  dormir el sueño del olvido, sostienen sectores de la sociedad civil.

UN APUNTE

Sociedad respalda

Amplios sectores de la sociedad han manifestado su respaldo a esta administración del Ministerio Público encabezada por la magistrada Miriam Germán Brito y sus adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, que ha sido pondera por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana.