Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) comunicó que está preocupado por el cúmulo de escándalos y casos de corrupción denunciados por la Cámara de Cuentas, sin que hasta el momento hayan producido alguna respuesta por parte del Ministerio Público.
El presidente de la entidad cívica, Trajano Potentini, se refirió a las denuncias recogidas por los medios de comunicación, sobre prácticas cuestionables a lo interno del gobierno y pasados actos de corrupción, de anteriores administraciones.
Entre ellos la venta de terrenos del estado, vendidos por el Banco Central a un funcionario público, a precio vil, perjudicando las arcas públicas con más de 1,000 millones de pesos Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según dijo Potentini.
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En el Ministerio de Educación entre otras instituciones, donde el PNUD, también ha denunciado irregularidades en las tabletas del censo, los libros electrónicos o digitales licitados por el Ministerio de Educación, el desfalco en el programa de la tarjeta supérate, las irregularidades registradas en la licitación por más de 12 mil millones de pesos.
También el Instituto de Bienestar Estudiantil (INABIE), sobre la asignación y reparto de raciones alimenticias, del período 2021-2022, los programas educativos de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (Propeep), donde destinaron, aún sin explicación, unos 600 millones de pesos para alfabetizar 350 personas, estamos hablando de más de un millón setecientos mil pesos, por cada alfabetizado.
Asimismo, la auditoría de la Cámara de Cuentas, realizada a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sobre el período 2014 al 2017, revelando irregularidades por miles de millones de pesos, sumado a los recientes hallazgos de la investigación especial.
En ese orden Potentini urgió al Ministerio Publicó, que lamentablemente y parecería que por falta de recursos logísticos luce rezagado, a seguir ampliando las investigaciones, con más sometimientos, sobre todo en su ineludible obligación de llevar a juicio y sentar en el banquillo de los acusados a todos aquellos que estén comprometidos con el crimen del peculado.
