La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas  (PETT) solicitará esta tarde  18 meses de prisión preventiva y declaración de caso complejo para los integrantes de una red desmantelada ayer en la madrugada mediante la   Operación Frontera, la cual se dedicaba al tráfico de inmigrantes haitianos con la  participación de militares y civiles.

La Procuraduría aseguró que esta tarde depositará la medida de coerción ante el juzgado de Atención Permanente de Montecristi contra los cabecillas de la banda, a los que identificó como  Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna, así como a los también imputados Elbio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Anelby Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y María Rafaela Batista de Cordero.

La investigación del caso está a cargo de la fiscal titular de Montecristi, Yohanny Herrera, y de la procuradora fiscal  Noelia Taveras, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

En la operación también fueron detenidos  el segundo teniente del Ejército José Dolores Hernández Merejildo y Julio César Pujols Montero; los sargentos Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier.

“Se pudo desmantelar esta organización criminal que operaba en la frontera norte, especialmente en la provincia de Montecristi, desde donde lograron trasladar a cientos de inmigrantes haitianos e introducirlos a territorio dominicano debido a que su cabecilla reside en la zona y contaba con la complicidad de los miembros arrestados del Ejército que en el desempeño de sus funciones se encontraban habilitados para resguardar y proteger la frontera de nuestro país,  quienes permitieron  el tráfico ilícito de cientos de nacionales haitianos hacia  territorio de la República Dominicana”, señaló la fiscal Bejarán, titular de la PETT.

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En 16 allanamientos realizados se encontraron 24 inmigrantes haitianos entre ellos, hombres, mujeres embarazadas, niños y adolescentes, quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos utilizados por la estructura criminal para ser transportados por las diferentes rutas.

Entre las evidencias ocupadas por los fiscales a los arrestados, se encuentran documentos, vehículos, motocicletas, armas de fuego, municiones, cargadores para pistolas, dinero en efectivo de diferentes denominaciones (pesos, dólares y gourdes), celulares, computadoras entre otras  pruebas.

 El órgano del sistema de justicia explicó que la desarticulación de la organización criminal fue posible gracias a la  labor de inteligencia e investigación desarrollada en coordinación con los diferentes organismos bajo la dirección de  la PETT y la Fiscalía de Montecristi, conjuntamente con la División Especial de Crímenes Transnacionales, entre otros.