El pastor Ezequiel Molina, del “Ministerio la Batalla de la Fe”, expresó este miércoles su respaldo a la campaña que lleva a cabo la justicia dominicana contra personas implicadas en robo de fondos públicos, y consideró que el Gobierno está en el deber de garantizar la seguridad de los jueces y fiscales que participan en los procesos penales contra los imputados.

Molina dijo que el pueblo estaba ansioso de que un gobierno actuara contra quienes han robado fondos del Estado, con los que, según afirmó, se pudo construir escuelas y vías de comunicación.

“El Gobierno está en el deber de garantizar la vida a esos jueces y fiscales que participan en el proceso investigativo contra personas que son muy poderosas y podrían pagar a sicarios para que atenten contra sus vidas. El pueblo estaba ansioso de que se emprendiera una campaña contra quienes han robado el dinero público”, expresó el religioso, durante un mensaje emitido este miércoles por la emisora Radio Ven.

El pastor Molina se refirió a los procesos penales que lleva a cabo el Ministerio Público ante los jueces contra políticos y militares que, supuestamente, robaron dinero del Estado.

“Ya en 1999 habíamos dicho que el día que se procesara a los políticos corruptos, sería necesario techar el estadio Olímpico para meterlos”, agregó el religioso.

Consideró la corrupción como una pandemia que por décadas ha afectado a la sociedad dominicana, ya que, según afirmó, la población “se acostumbró y ya la veía como algo normal”.

El Ministerio Público lleva a cabo un proceso penal contra el general Adam Cáceres y otros altos militares, quienes según el expediente de la operación Coral, encabezaban una poderosa banda que robó miles de millones de pesos del Estado a través de fraudes.

Recientemente fueron apresados otros militares mediante la operación 5G, entre los que figuran el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, ambos de la Fuerza Aérea Dominicana.

El coronel Lantigua Cruz es oriundo del municipio Imbert, Puerto Plata, y a pesar de provenir de una familia muy pobre, tiene varios vehículos de lujo y fincas ganaderas, según el Ministerio Público.

Los imputados están detenidos, pero ya un tribunal dictó medida de coerción contra los primeros militares que fueron apresados, acusados de estafar al Estado.