Familias desalojadas en Santiago y de San Luis en la provincia Santo Domingo, junto a los ocupantes de los terrenos de Los Tres Brazos reclamaron hoy la intervención del presidente Luis Abinader para que los reubique.

Los desalojados se movilizaron frente al Palacio Nacional, donde sectores urbanos acompañados de organizaciones sociales se manifestaron exigiendo el cese de los desalojos forzosos ocurridos este año y en años anteriores.

Los moradores de los barrios Hato del Yaque en Santiago y La Rusa en San Luis son las últimas comunidades afectadas.

Santica García denunció que en el Hato del Yaque fueron desalojadas 135 familias el 25 de febrero de este año por agentes policiales y representantes del abogado del Estado por orden de la compañía T&H Enterprise que alega ser dueña del terreno.

Sócrates Peguero, presidente de la Red Urbana Popular (RUP) y representante de la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, explicó que la expulsión forzosa en La Rusa, ubicada en Santo Domingo Este, fue realizada el 1 de junio a las 7:00 de la mañana y fueron afectadas alrededor de 30 familias. El desalojo sucedió luego de la emisión del decreto 268-16, que prohíbe la venta de terrenos del Estado a particulares.

“La práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular al derecho a una vivienda adecuada. Además, nuestra Constitución declara en el artículo 59 que toda persona tiene derecho a una vivienda y que el Estado debe establecer las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho; sin embargo, familias afectadas de barrios como La Mina en San Isidro o Freddy Beras Goico en Los Alcarrizos tienen más de un año viviendo en condiciones precarias y por más movilizaciones y reuniones que hemos realizado con autoridades gubernamentales, hasta con el presidente Luis Abinader, todavía estas comunidades no residen en viviendas dignas”, enunció Reynaldo Brioso, representante del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA).

Explicaron que desde marzo del año pasado, 177 familias desalojadas del barrio Freddy Beras Goico, viven en la escuela en construcción “Los Coquitos” en hacinamiento y precariedad.

“En una misma aula vivían hasta 5 familias juntas, sin acceso a agua potable, servicios sanitarios adecuados ni un sistema eléctrico estable. Estamos expuestos a todo tipo de enfermedades e inseguridad”, expresó Samuel Mora, comunitario y víctima del desalojo.

Los manifestantes también denunciaron la situación que se sigue viviendo en los barrios de La Ciénega y Los Guandules en Domingo Savio, a causa de la realización del proyecto Nuevo Domingo Savio. “Tenemos desde el 2018 intentando cambiar la forma en que el Estado ha manejado toda la construcción del proyecto.

A pesar de que digan en prensa nacional que la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) está “negociando justamente” con los moradores de las zonas afectadas, la realidad es que estamos siendo desalojados y sin poder exigir un pago justo por nuestras viviendas o negocios”, declaró Brioso.

El representante de COPADEBA también comentó que el decreto 123-22, emitido por el presidente el 1 de abril de 2022, aunque protege que una empresa privada desaloje masivamente las familias ubicadas en esas parcelas, si hay temor de que la URBE y Bienes Nacionales utilicen la fuerza pública para desalojar a los moradores de la calle Respaldo 17 en Los Guandules para continuar con el proyecto. Asimismo, preocupa que, del abogado del Estado autorizar esta solicitud, la misma pueda ser utilizada en el territorio completo de la parcela, perjudicando a barrios como Gualey, Ensanche Espaillat y María Auxiliadora.

“Como URBE es una institución adscrita al Ministerio de la Presidencia, los desalojos de Domingo Savio deben ser detenidos por orden del presidente de la República” agregó Brioso.

Dentro de las demandas realizadas por el colectivo de la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, están el cese inmediato de los desalojos forzosos en todo el territorio nacional, indemnización a las familias afectadas y apertura de espacios de diálogos donde se concreten acuerdos con las víctimas.

Sostienen que el gobierno debe mostrar como prioridad el acceso a la vivienda digna y en caso de que en una zona vulnerable habiten familias, reubicarlas tomando en cuenta varios elementos.