Hecho ocurrió en diciembre de 2022, pero no fue hasta el viernes tribunal lo conoció. (AP Photo/Ricky Arduengo).Yola de ilegales
Un dominicano podría ser condenado a cadena perpetua en Puerto Rico, tras declararse culpable de tráfico de personas hacia esa isla, durante un viaje en una embarcación en el que murió un niño de tres años.
La información difundida por el Departamento de Justicia Estado de Estados Unidos a través de la embajada de esa nación en el país, indica que Alcibíades de Paz, de 34 años, admitió su culpabilidad de un cargo por llevar a cientos de extranjeros a Estados Unidos.
Según documentos judiciales, el acusado fue identificado como uno de los capitanes de una embarcación que transportaba ilegalmente a personas, incluido un niño de tres años, desde la República Dominicana a Puerto Rico.
El acusado admitió haber manejado la embarcación durante la operación de tráfico de personas, en la cual la embarcación dejó de operar en momento en que el capitán y los co-conspiradores trataban de evadir la persecución de la policía puertoriqueña.
La embarcación se volcó a llegar a la orilla, lo que provocó la muerte del menor.
«Al intentar contrabandear migrantes por barco a los Estados Unidos, Alcibíades de Paz intentó evadir a las fuerzas del orden y aceleró hacia la playa, una decisión que resultó en la muerte de un niño de tres años después de que la embarcación volcara», dijo la subsecretaria principal adjunta de Justicia y jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia, Nicole M. Argentieri.
«Esta tragedia demuestra el desprecio total por la vida humana por parte de los traficantes de personas. La División Criminal está comprometida con combatir a los traficantes de personas que se aprovechan de los migrantes vulnerables», declaró la funcionaria.
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Se programará una audiencia de sentencia en una fecha posterior. De Paz enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Un juez del tribunal del distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de los EE. UU. y otros factores legales.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Puerto Rico investigó este caso, con la asistencia de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) del Departamento de Policía de Puerto Rico (PRPD) y la Patrulla Fronteriza de los EE. UU., sector Ramey.
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Marie Zisa, abogada del juicio en la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Criminal y Emelina M. Agrait-Barreto, asistente del fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, están procesando el caso.
La investigación se está llevando a cabo bajo el programa Extraterritorial Criminal Travel Strike Force (ECT), una asociación conjunta entre la División Criminal del Departamento de Justicia y HSI.