Orlando Gomez
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La falsificación de documentos ha sido un mal con el que se ha venido viviendo por décadas, y cada nuevo esfuerzo para ponerle control ha servido solo para que los falsificadores encuentren formas cada vez más ingeniosas para seguir en sus andanzas aprovechando debilidades en cada mecanismo de control que se ha implementado.
Mi propuesta de hoy es el uso de ambientes digitales cerrados para la generación y circulación de documentos oficiales usando el ejemplo de los poderes consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Falsificar un documento como un poder consular puede ser un proceso bastante directo en cuanto a la generación del documento mismo, los sellos institucionales y replicar una apostilla apostando a que un error humano o alguna imposibilidad de verificar el código en la apostilla le permita tener éxito al defraudador. Esto no sería posible en un ambiente digital cerrado.
La propuesta ideal es que un documento como un poder consular nazca y su uso sea enteramente digital, pero consideremos un escenario donde eso no sea posible, por cualquier razón.
Tomemos el poder como se hace hoy en día; una persona se presenta a un consulado dominicano en el extranjero deseando otorgar poder a alguien para hacer cualquier diligencia. Siguiendo los protocolos notariales el cónsul toma la declaración del poderdante y hace el poder en la forma tradicional como ya se viene haciendo hoy en día.
Lo que cambia en el proceso con la propuesta es que en vez de circular el documento físico de un país a otro y por diferentes manos, este documento es escaneado por el consulado, a la imagen del documento se le agrega una firma electrónica cualificada y se envía al MIREX para su apostillado digital. El documento físico original queda en manos del consulado para fines de control.
El MIREX apostilla digitalmente el documento, anexando la apostilla de forma digital utilizando una firma electrónica cualificada y luego carga ambos documentos en una base de datos de consulta facilitando el link de acceso al beneficiario para su presentación ante la entidad donde hará valer el poder o remitiendo directamente el link a dicha entidad dentro de una plataforma segura de comunicaciones interinstitucionales.
Los riesgos de falsificación se reducirían notoriamente ya que dentro de la multiplicidad de factores digitales que tendrían que ser replicados para poder hacer valer un documento falsificado en ese escenario, la mayoría estarían materialmente fuera de su alcance de cualquier persona que trate de falsificarlo.
Por supuesto, este proceso puede ser fácilmente replicable con la mayoría, por no decir todos, los documentos oficiales que emite o genera el Estado, desde las actas del estado civil, los certificados de títulos, permisos, etc.
El enfoque es, en la medida de lo posible, que sólo existan documentos digitales a los que se deba acceder en bases de datos oficiales seguras, y que le pongamos fin a la circulación en las calles y de mano en mano de documentos oficiales que de forma reiterada son objeto de falsificaciones. El esfuerzo institucional para lograr esto no tiene porque ser complejo ya que las herramientas y la tecnología existen, y el resultado sería mejorar de forma material el ambiente de seguridad jurídica en todo el país.
