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Nuestro país es muy especial. Abiertamente un gremio de médicos anuncia haber llegado a un acuerdo para decidir con cuales proveedoras de seguro de salud van o no a trabajar, por su lado productores de pollo anuncian sus acuerdos para fijar los precios por su productos, lo que es replicado por los productores de arroz y más recientemente hasta constructores y ferreteros se han unido a la fiesta de quienes más violenten la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. Mi propuesta de esta semana es simple, debemos tomarnos en serio la libre competencia.

Recuerdo que luego de promulgada la ley en el 2008 siempre atribuía su incumplimiento a la falta de nombramiento de un Director Ejecutivo en Procompetencia, lo que legalmente postergaba la formal entrada en vigor de la ley. Finalmente cuando llega el nombramiento de la primera directora ejecutiva en Procompetencia en el año 2017, creí que empezaríamos a ver un cambio dramático en este tema y que las prácticas abiertamente anticompetitivas a las que estamos acostumbrados empezarían a ser cosas del pasado.

Han pasado 5 años desde la entrada en vigencia de la ley y desde que tenemos nombramientos a la posición de director ejecutivo de Procompetencia, y la colusión para fijar precios y condiciones de mercado, que está claramente prohibido en la ley, no sólo continua sino que sigue siendo anunciado abiertamente sin ningún tipo de rubor y, claramente, sin ninguna consecuencia.

Desde sus inicios Procompetencia ha lucido más como un think tank sobre el derecho de la competencia que como un organismo regulador del mercado procurando la efectiva defensa de la competencia como le corresponde conforme a la ley. Esto puede ser un defecto de la misma ley, y es probable que 15 años después esta amerite modificaciones importantes, pero también es posible que este se deba a factores fácticos que no necesariamente puedan ser corregidos en los salones del Congreso.

Lo que sí entiendo que todos debemos tener claro es que mientras persista esta cultura anticompetitiva la economía dominicana va a seguir creciendo por debajo de su potencial. No hay camino posible hacia mejores precios y condiciones para las consumidores, más oportunidades de empleo, mejores salarios para los trabajadores, hacer el país más atractivo para las inversiones y motorizar la innovación empresarial en nuestras tierras que no empiece por el cumplimiento decisivo de las normas de defensa a la competencia.

Esto pudiera alcanzarse tal vez con un mejor presupuesto para el organismo regulador, o quizás con más voluntad política, o hasta con una modificación de la ley que entre otras cosas introduzca fiscales especializados en derecho de la competencia. Cualquiera que sea la ruta tomada, si como país no decidimos de forma decisiva cambiar nuestra cultura para la forma como abordamos los temas de libre competencia, nuestro desarrollo siempre se estará chocando contra la pared que nosotros mismos nos hemos levantado al mirar hacia otro lado.