Los partidos y candidatos, que son los que más deberían cumplir con las leyes, han hecho caso omiso a las sanciones que se contemplan contra el proselitismo extemporáneo.

La Junta Central Electoral (JCE) ha advertido al liderazgo político sobre las consecuencias de las campañas prematuras, sin que, por lo visto, le hagan el menor caso.

El artículo 78 de la Ley 33-18, de partidos, agrupaciones y movimientos políticos faculta a la JCE para rechazar candidaturas en que se comprueben violaciones de los plazos establecidos.

Pero los partidos saben que a fin de cuentas pueden salirse con las suyas, sin importar que la ley también contemple una sanción administrativa de unos 200 salarios mínimos a las entidades políticas, precandidatos y jefes de campaña que organicen manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes de la proclama formal.

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Si los partidos y sus dirigentes fueran más conscientes, o más responsables, contribuirían con la consolidación del sistema institucional a través del respeto a las leyes. Pero, como creen que nada pasará, faltan el respeto a la autoridad y pisotean normas que se han implementado como garantía de los procesos.