Recientemente una fiscalizadora y miembros de la Policía Nacional protagonizaron un incidente en Higüey, que ha dado mucha tela para cortar entre peritos y gente común. Pero a todas luces, este tipo de casos entre entidades que encabezan la seguridad y justicia nacional debilitan el sistema en momentos que ambos organismos deben mostrarse firmes, unánimes y en orden.

La fiscal de La Romana, Carol Daritsel Morla, fue detenida el pasado 15 de junio por agentes policiales pasadas las 11 de la noche al transitar en un carro sin placa, una indiscutible falta y más aún, si se trata, como alegó, de un vehículo propiedad de un órgano público. Hasta ahí, se puede decir que el cuerpo del orden sólo hacía su trabajo.
Sin embargo, ambos frentes dejaron que el ego y poder dominaran la situación, dando paso a una acalorada discusión que terminó con el apresamiento violento de la fiscal en el destacamento.

De acuerdo a un video que se hizo viral en redes sociales, se observa a Morla actuar de manera “prepotente” y en desacato al llamado de las autoridades mientras violaba la ley transitando en un vehículo sin placa. En tanto, la detención forzosa, que se traduce como agresión física, el ultraje y manipulación, así como el apresamiento, fueron acciones ilegales por parte de los agentes.

Desde entonces, los debates no han cesado, saliendo a relucir las faltas cometidas por ambas partes quienes se comportaron muy distantes a lo que establece la ley. Ley que se supone, los involucrados deberían conocer al dedillo a la hora de ejecutar una detención, así como cuando se es detenido.

La procuradora Miriam Germán y el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, dispusieron desde sus respectivas instituciones la investigación de los hechos; una decisión sabia si no quieren emitir juicios a la ligera.
Ambos tienen un reto por delante y es el de establecer “objetivamente” responsabilidades, para decidir lo mejor, lo que corresponde para el país y no para la fiscal o los policías.

La decisión final está en sus manos, es a ustedes a quien corresponde y será propicia la ocasión para demostrar a la ciudadanía que en el Ministerio Publico y la Policía Nacional no hay vacas sagradas, que cada uno actúa de manera transparente e imparcial, aplicando la ley desde adentro, siempre que sea necesario.