Por extraña que parezca no puede dejar de investigarse a fondo la amenaza denunciada por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, procedente de una persona que se asocia con el exconvicto Quirino Ernesto Paulino Castillo.

Como procedía, porque con esos casos no se juega, la magistrada comunicó la intimidación a que ha sido sometida a la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y al procurador de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

Según Ramos, a través de WhatsApp una persona que dice estar relacionada con Paulino Castillo le reclama 13 millones de pesos que este le habría entregado tanto a ella como a un juez fallecido y a otros para evitar que lo extraditaran a Estados Unidos.

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Hace unos días que Paulino Castillo fue visto en la sede de la Procuraduría, pero sin que trascendiera en lo que andaba. Ahora se presume que su presencia está relacionada con la denuncia de la fiscal del Distrito Nacional.

El método intimidatorio denunciado por la magistrada se presta a conjeturas, pero nada se puede descartar. Por las controversias a que ha estado sometida en el desempeño de sus funciones la investigación para establecer la verdad y evitar consecuencias lamentables se torna más desafiante.