Por todas las interrogantes que rodean la detención el jueves 15 de junio en Higüey de la fiscal Carol Morla Rodríguez, de La Romana, cuando transitaba en horas de la noche en un vehículo sin placa, la investigación que se dispuso no puede correr la misma suerte de otros casos que han quedado prácticamente en el aire.

La magistrada se ha querellado contra los seis agentes que tras encañonarla la detuvieron y esposaron, a pesar, según ella, de identificarse como representante del Ministerio Público.

Por la mala imagen de la Policía y la interminable cadena de abusos de las patrullas policiales no se tardó en cuestionar la actuación de los agentes. La Policía, que tiene un gran desafío en la delincuencia, no se ha caracterizado por la sutileza ni los buenos modales en su misión de preservar el orden y la seguridad.

Sin embargo muchos no entienden por el riesgo que implica para su seguridad cómo una fiscal podía participar en dos operativos sobre drogas narcóticas en horas de la noche y después dirigirse sin guardaespaldas a su residencia, como dijo, conduciendo un vehículo.

A simple vista parece un exceso de temeridad. La versión de la magistrada compromete hasta a la propia Procuraduría General de la República. El caso ha dividido a la opinión pública.

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Unos piensan que la Policía se excedió, pero otros no comparten la versión de la fiscal Morla Rodríguez. Pero lo más desalentador sería que el incidente quede impune o que simplemente se rompa la soga por lo más delgado.