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Cuestionada inversión Intec

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) no se ha quedado solo en su objeción a la inversión que anunció el Gobierno en la remodelación y ampliación de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). El debate no ha cesado desde que el 13 de este mes el presidente Danilo Medina inauguró el proyecto con el primer picazo. De lo que se ha quejado Mateo Aquino Febrillet es que en tanto se viola la ley que asigna un 5% del Presupuesto a la universidad pública, el Gobierno comprometa recursos para centros privados.
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo viuda Cardona, no tardó en rechazar los alegatos de la UASD, que incluso ha reclamado la terminación de varias obras de infraestructura, para defender la inversión adicional al subsidio comprometida por Medina en Intec. Pero el viceministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Plácido Gómez Ramírez, coincidió con Aquino Febrillet en que la inversión del Gobierno en Intec viola la Constitución y las leyes. E incluso cuestionó la tímida participación del sector privado en la inversión en el desarrollo tecnológico. Si bien la contradicción entre Gómez Ramírez y Melo viuda Cardona no pasará de la anécdota, la inversión del Gobierno en Intec vale debatirse.

El monto de la deuda
El monto de la deuda pública ha vuelto a convertirse en tema de debate. Según el economista Arturo Martínez Moya el volumen está muy por encima de los 27,106.8 millones de dólares que consigna el Banco Central. Dice que el cómputo real es de 35 mil millones de dólares, pues hay que incluir lo que define como deudas flotantes y contingentes, así como la de los bancos de Reservas, Bagrícola y Nacional de la Vivienda. Descartando que se trate de omisión del Banco Central con algún propósito, la diferencia puede deberse, en el mejor de los casos, a método de cálculo.

Pero Martínez Moya advierte que el método oficial de cálculo el que dice la verdad, el que aplica el sencillo principio de que “deuda es deuda” y suma todos los compromisos del sector público “porque lo demás es sofisticación técnica”. Sin entrar en consideraciones, a simple se advierte que ambos montos son alarmantes y que demandan, más que simple preocupación, la intervención de las autoridades.