Lo más importante será siempre que se aplique, pero la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas se ha tornado más que necesaria para regular el ejercicio y las organizaciones. Es inconcebible que sean intereses precisamente políticos los que hayan conspirado para adecentar un quehacer que en un proceso electoral como el actual ha alarmado a sus propios protagonistas. Al ser reintroducido por la Junta Central Electoral (JCE), después de perimir en la pasada legislatura, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, garantizó que el proyecto será ampliamente debatido para su aprobación. La pieza sanciona el uso de recursos públicos, regula las primarias de los partidos y consigna el 33 por ciento de los cargos electivos para las mujeres. Es difícil que la legislación pueda aplicarse para las elecciones del 20 de mayo en caso de ser aprobada, pero de todas formas representa una importante herramienta para el sistema de partidos. En un momento en que se habla de guerra sucia la pieza cobra más significación. Dado el curso del proceso, es posible que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ceda frente a la necesidad de que el país cuente con una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.
Fraude a la Justicia
El supuesto fraude por más de 100 millones de pesos cometido a través de la oficina de Aduanas en Santiago ha tomado el camino de los tribunales. El caso estaba prácticamente olvidado e incluso no había muchas expectativas de que pudiera ventilarse en la Justicia. Con la rectitud y transparencia que ha caracterizado al director de la entidad, licenciado Rafael Camilo, podía darse por descontado que el escándalo, sin importar el tiempo que haya pasado ni los vínculos políticos de los implicados, iba a quedar impune. Pero si algo se espera es que en el proceso no quede el menor cabo suelto. Algunos de los ligados al fraude están emparentados o pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Como en todo juicio, a los imputados se les deben garantizar sus medios de defensa. Las dos querellas que, según el consultor jurídico de Aduanas, han sido incoadas contra los imputados en el escándalo detectado en julio de 2010 denota interés en que se haga justicia.