Santo Domingo.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este lunes la medida de coerción en contra del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, consiste en 18 meses de prisión preventiva.
La magistrada Solanyi Vásquez decidió mantener dicha medida coercitiva contra el ex funcionario, quien está preso en la cárcel Najayo Hombres, junto a otros implicados en el caso “Medusa”, por, supuestamente, haber incurrido en actos de corrupción.
Contra Jean Alain Rodríguez se había dictado una medida coercitiva de 18 meses de prisión preventiva, la cual fue apelada por la defensa del ex funcionario judicial.
La jueza Vásquez también ratificó la medida de coerción contra Javier Alejandro Forteza Ibarra, otro de los implicados en el caso.
Por el mismo caso también están bajo prisión preventiva Jonathan Joel Rodríguez Imbert y Alfredo Alexander Solano Augusto, todos a 18 meses.
La jueza Vásquez dispuso la próxima revisión obligatoria para el 19 de marzo de 2022.
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
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Por este caso, Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez, fue arrestado en España y el Ministerio Público ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República Dominicana.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El Ministerio Público les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
