Ahora que otra evaluación revela bajo rendimiento estudiantil en educación básica tiene el titular de la cartera más razones para proceder y no solo quejarse sobre la interrupción de la docencia sin causa justificada.
A propósito de la interrupción del viernes el ministro Ángel Hernández declaró que el movimiento patrocinado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dejó pérdidas al sistema de enseñanza por 1,500 millones de pesos.
Pero los materiales no fueron los únicos y tal vez ni siquiera los peores daños frente al lastre que representa la anarquía y el bajo rendimiento estudiantil en las escuelas.
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Como la suspensión de la docencia sin causa justificada constituye una violación al pacto educativo, que es constitucional, el ministro Hernández no solo debe sacar balance material del movimiento, sino aplicar las sanciones que se contemplen en esos casos.