Santo Domingo.-La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), tiene un déficit de abogados, contando solo con 200 defensores fijos y 121 contratados a nivel nacional, lo que equivale a un defensor público por cada 46 mil habitantes.

La información la dio a conocer este martes el director nacional de la entidad, Rodolfo Valentín, quien sostuvo que además de aumentar la cantidad de personal, también es necesario igualar el salario de éstos al de los fiscales.

“Como Órgano Constitucional del Sistema de Justicia, necesitamos mayor presupuesto, para poder cumplir con necesidades y requerimientos que ha hecho el Senado de la Republica y el Poder Judicial. Urge brindar un servicio de calidad en las jurisdicciones de: Dajabón, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Samaná, Las Matas de Farfán, Constanza, El Seibo, y Provincia Independencia. El acceso a la justicia es un derecho fundamental que no tiene límites”, sostuvo Valentín durante un almuerzo con periodistas.

Dijo que en el mes de junio la institución logró el ingreso de 36 defensores públicos, egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), siendo esa la segunda promoción de la presente gestión, resaltando que ha sido con el mismo presupuesto que encontraron en enero del año 2019.

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Resaltó que, la Oficina Nacional de Defensa Publica, a la fecha ha atendido 119,124 personas, de los cuales 113,472 son adultos, y 5,652 adolescentes.

Para los casos judicializados en materia adultos, precisó ingresó un total de 19,418 casos. Imposición de prisión preventiva 4,839; garantía económica de imposible cumplimiento, 1,297; arresto domiciliario 122 y medidas de coerción distinta a la prisión preventiva 7,910.

En el ámbito de niños y adolescentes, dijo que ingresaron 1,216 casos; con privación provisional de libertad 311 y detención en su domicilio 29 y medidas cautelares distinta la privación provisional de libertad 568.

“La misión de la defensa pública se encarna en la voz y en el accionar de cada uno de sus defensores en el momento en que claman y reclaman por el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas en conflicto con la ley penal”, aseguró.