Las versiones del Ministerio Público sobre la estafa inmobiliaria denominada Guepardo dejan un abanico de interrogantes sobre la impunidad que rodeó la operación de los imputados.

Por más sofisticado que fuera su modus operandi, tal parece que los presuntos estafadores contaban con algún tipo de complicidad en esferas de poder. Es inconcebible que en tanto tiempo y con la dimensión alcanzada, las operaciones no despertaran siquiera curiosidad.

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La supuesta estafa por más de 18 millones de dólares no solo dejó 122 víctimas, sino que también afectó la imagen del país. Se ofrecían proyectos ficticios. Entre las víctimas se han citado 24 estadounidenses y cuatro canadienses. Los otros son dominicanos, en su mayoría residentes en el exterior, que han sufrido la evaporación de sus ahorros y sus sueños de una vivienda convertidos en pesadilla.

Los imputados por el momento, identificados como Yves Alexandre Giroux, Loany Lisneiry Ortiz Nova, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco utilizarían de fachada para sus operaciones la empresa Novasco Real Estate S. R. L. Las suspicacias exigen profundizar las investigaciones.