No deja de ser un recurso, pero se trata de una mala señal la recusación incoada por el Ministerio Público contra los jueces del tribunal que conoce el caso denominado Antipulpo.

En el proceso, que tiene como principal imputado a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, el Ministerio Público acusa a las juezas de transgredir el principio de separación de funciones.

En su condición de encargada de litigación de la Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa), Mirna Ortiz, alega que las magistradas tratan de condicionar el proceso de acuerdo con su criterio.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que ventila el juicio de fondo contra los 21 imputados del caso son Claribel Nivar, Clara Sobeida Castillo y Gissel Soto. La recusación plantea sus interrogantes en un proceso con múltiples connotaciones.

Tratándose de un juicio en que se utilizarán todos los recursos es necesario que se cumpla con todos los procedimientos que establecen las leyes en apoyo a la justicia.

Es obvio que tanto los jueces como la defensa de los imputados y la parte acusatoria tienen que jugar el rol que les asignan los procedimientos.

El Ministerio Público, después del escándalo que propició e incluso de los cabos que ha dejado en el aire, no se puede permitir el lujo de que el juicio fracase bajo ninguna circunstancia.