Parece que esta vez el Gobierno está decidido a implementar la sazonada reforma fiscal para, como su principal objetivo, incrementar las recaudaciones.

Se apelará a todo tipo de eufemismo para ablandar el impacto, pero saben muy bien las autoridades que a la postre los consumidores serán quienes soportarán la carga. Al adelantar pormenores del proyecto, el ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, explicó que la reforma contempla una reducción del Itebis, que es del 18%, y la protección de los productos de la canasta básica.

Pero al mismo tiempo se proyecta la extensión a más productos alimenticios y otros bienes y servicios. Como si se tratara de una compensación a los sectores populares Ceara Hatton indicó que los principales gravámenes serán para la riqueza y el patrimonio.

Con o sin recuperar los bienes de la corrupción denunciada por las propias autoridades, puede anticiparse que una reforma fiscal generará mucho malestar social. Más todavía si trata de implementarse en medio del festival de alzas de precios de los artículos de primera necesidad. Ceara Hatton y los técnicos del Gobierno deben pensarlo bien.