El nuevo Congreso que se instalará el próximo 16 de agosto comenzará un período constitucional que está marcado no sólo por las limitaciones que impone la pandemia del coronavirus, sino por serios desafíos de alto impacto para la institucionalidad.

Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, señalados por el PRM para presidir el Senado y la Cámara de Diputados, serán los responsables de conducir la agenda del principal poder del Estado en una coyuntura histórica sin precedentes.

Desde el punto de vista institucional, hay que sepultar la nefasta práctica instaurada por los gobiernos del PLD de utilizar el Congreso como un sello gomígrafo para refrendar la voluntad omnímoda del Presidente de la República.

La sociedad reclama un cambio en la política y la meca de esa transformación es el Congreso. Deben volver los debates, las ideas y los contrapesos que son consustanciales a la democracia.

En el plano material, por vez primera en su historia, el Congreso tendrá que sesionar con limitaciones presenciales de sus integrantes, pues los legisladores tienen inmunidad parlamentaria, pero no de salud.

Pese a las posiciones encontradas que se han manifestado sobre la posibilidad de las sesiones virtuales, los nuevos presidentes de las cámaras legislativas tendrán que explorar la virtualidad como un remedio para cumplir con su misión.

Dependiendo de la propagación del virus, la dinámica de las sesiones de las comisiones especiales y de los plenos de ambos hemiciclos está llamada a adoptar nuevos procedimientos.

Dentro de las tareas urgentes que esperan al nuevo Congreso está diseñar un control integral y menos formalista del Estado de Emergencia para cumplir con el mandato constitucional de fiscalizar la anormalidad.

Bien pudiera ser a través de una comisión bicameral que reciba los informes, invite a ministros a ofrecer informaciones o mediante la combinación de ambos procedimientos parlamentarios.

El nuevo Congreso tendrá en su agenda la composición de varios órganos constitucionales autónomos y la participación de sus presidentes y dos legisladores de las segundas mayorías en el Consejo de la Magistratura para llenar las vacancias de las Altas Cortes, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas.

En el Tribunal Constitucional, habrá que sustituir cuatro magistrados, cuyo período se vence en diciembre dentro del sistema de renovación por tercio de ese órgano. Debemos preservar el equilibrio político, jurídico e ideológico del TC como garantía del pluralismo.

A la JCE, a la Cámara de Cuentas y al Defensor del Pueblo deben ir personas capaces de sacar a esas instituciones del ostracismo que han vivido en los últimos años.

Por. Namphi Rodríguez

namphirodriguez@gmail.com