Desde el 2008, cuando inició el proyecto presidencial de Luis Abinader, la sanción a la corrupción y la gobernabilidad con ética y transparencia, fueron condimentos inherentes de su discurso y planteamiento al país de por qué, en el momento idóneo, merecía una oportunidad para liderar los destinos de la República Dominicana.

Su carrera política, con una exitosa candidatura como vicepresidente en el 2012; una presidencial en el 2016; y una vuelta ganadora que culminó con la conocida historia electoral del pasado 5 de julio, le dieron la oportunidad, como dijo en sus primeras palabras cuando la tendencia era irreversible, de servir, y con ello, de cumplir lo prometido. Por supuesto, la sanción a la corrupción es una asignatura pendiente en nuestro país.

En ese sentido, se reafirma en el marco de la transición, faltando semana y días para asumir la jefatura del Estado, que bajo el gobierno de Luis Abinader no habrá impunidad, y en cambio, sí habrá sanción a la corrupción; no con el ánimo de retaliación, sino con la sed de justicia que clama la gran mayoría del pueblo dominicano, quien ha pedido de manera incesante no caer en el “borrón y cuenta nueva”.

De ahí que hablamos de retorno a la legalidad, la cual ha brillado por su ausencia durante largos 16 años, perpetrando la permisividad hacia la corrupción y la dejadez ante de cientos de casos beneficiados por la impunidad, y por ende, lacerantes, de manera sistemática, como política de Estado, de la institucionalidad y la democracia.

Con la victoria del cambio, del PRM, y la de Luis Abinader ya como presidente electo, todo eso podrá quedar atrás, salvaguardando las instituciones, la independencia de la justicia y el fortalecimiento de la democracia, base política que nos permitirá al mismo tiempo enfrentar los importantes desafíos que urgen, empezando por la emergencia sanitaria global y sus consecuencias económicas y sociales.

No se trata de persecuciones o golpes políticos propios de gobiernos nocivos para las libertades fundamentales, sino de creer en una cultura de intolerancia a la corrupción, pasada, presente y futura.

Esto pasa por conocer, con el debido proceso, los casos de corrupción que tengan méritos de sometimiento, respetando por supuesto las garantías que la ley otorga, pero no dejando espacio a la interpretación sobre la malversación de fondos públicos. Será un panorama distinto a lo ocurrido en los últimos 16 años, devolviendo la confianza y la legitimidad de Estado.

Que no quepan dudas: el gobierno de Abinader aplicará la Constitución y las leyes; habrá sanción a la corrupción, cero impunidad, no habrá borrón y cuenta nueva. Se enfrentará de manera efectiva el desafío sanitario, la crisis económica y el abandono social de años.

Por: Orlando Jorge Mera

orlandojorgemera@yahoo.co