Después de permanecer 10 días bajo arresto en la cárcel de la cuarta planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros seis imputados esperan este sábado que la jueza coordinadora de los Juzgado de la Instrucción, Kenya Romero, se pronuncie sobre la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público en el denominado caso Medusa.

El 29 de junio 2021, próximo a las 11:00 de la mañana, Jean Alain se entregó ante las autoridades del Ministerio Público, en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, donde se presentó para responder por la acusación de corrupción que le hacían y allí fue detenido. A las 3:00 de la tarde de ese mismo día, fue traslado a la celda donde está guardando prisión en Ciudad Nueva.

El ex funcionario está acusado de lavado de activos, estafa y asociación de malhechores junto a Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillen Calzado y Javier Alejandro Forteza.

La jueza Kenya Romero reiniciará este sábado la audiencia de medida de coerción y en la primera parte del proceso se espera que algunos de los abogados respondan las conclusiones del Ministerio Público, representado por Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución, quienes pidieron 18 meses de prisión preventiva y que el proceso judicial fuera declarado complejo.

Cuando las partes presenten sus conclusiones la magistrada Romero tiene previsto dar a conocer su decisión sobre la petición del Ministerio Público en en caso Medusa.

Según el expediente presentado por la Procuraduría las principales responsabilidades recaen en Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.