La central termoeléctrica Punta Catalina entrará en funcionamiento entre enero y febrero de 2019 con un aporte inicial de 200 megavatios y en camino a generar ese mismo año los 752 megavatios brutos que indica su diseño, lo que impactaría positivamente en el sistema energético nacional.
Ese complejo de generación eléctrica, cuya construcción se asegura está en un 97%, se levanta a un costo superior a los dos mil 300 millones de dólares, la mayor parte de los cuales han sido aportados con fondos del Presupuesto Nacional, por lo que se trata de una inversión matizada por gran sacrificio fiscal.
El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, ha dicho que el inicio de operaciones de Punta Catalina ayudará a reducir las altas pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad, que rondan el 28.5%.
Ese complejo colocará energía eléctrica a un precio de ocho centavos de dólar el kilovatio/hora, por lo que serían desplazadas del mercado otras plantas que operan con fuel oil, el más costoso de los derivados del petróleo, cuyos operadores tendrían que realizar inversiones para convertir sus unidades a gas natural.
Punta Catalina supliría una tercera parte de la demanda nacional actual, aunque Jiménez Bichara advierte que para suplir sus niveles de crecimiento y garantizar energía eléctrica de calidad y a precios razonables, se requiere la construcción cada año de una planta que genere 500 megavatios.
Para que la historia contada por el vicepresidente de CDEEE tenga un final feliz se requiere que el Gobierno retome las negociaciones con el sector privado y otras instancias de la sociedad civil en procura de arribar al anhelado pacto eléctrico, que sería la mejor forma de organizar, planificar y arbitrar el estratégico subsector eléctrico.
Aunque el Gobierno ha dicho que el costo de Punta Catalina ha sido de US$1,945 millones y de un fondo adicional de contingencia por US$336 millones, condicionado a un proceso de arbitraje que se desarrollará en Nueva York, lo mejor sería que la CDEEE y los consorciados de ese proyecto presenten las cuentas de costos y gastos con la mayor claridad posible.
Ojalá el Gobierno se anime a operar ese complejo por un tiempo razonable que permita que su impacto positivo ayude a reordenar la industria eléctrica, reducir las pérdidas de las distribuidoras estatales y conjurar los apagones, antes de colocarle el letrero de “Se vende”.
