Hay denuncias de que muchas muertes son ejecuciones de la Policía
Hay denuncias de que muchas de estas muertes son ejecuciones, por lo que la PN no debe aplicar el código 29 en todos los casos.
Hay denuncias de que muchas de estas muertes son ejecuciones, por lo que la PN no debe aplicar el código 29 en todos los casos.
El mandatario, ahora aquejado de covid-19, no debe esperar que tenga un problema médico grave para abandonar sus aspiraciones a la reelección, cuando son sus actuaciones y su débil agilidad mental que impulsan a muchos de sus influyentes partidarios, que crecen cada día, a reclamarle que dé paso a otro candidato demócrata.
La terminación de 30 escuelas es un calmante que no sana el dolor de falta de aulas en el sistema escolar del país. Un diario recoge que sólo en Manoguayabo, los padres de los estudiantes se quejan por las condiciones precarias en que se encuentran tres planteles de esa comunidad. Desde otras zonas se reporta la falta de aulas.
Los apagones serán de nunca acabar, cuando la ciudadanía creía que con las plantas de Punta Catalina las interrupciones iban a ser cosa del pasado, se anuncia que el sistema eléctrico requiere de una inversión de entre 1,400 y 1,500 millones de dólares en los próximos cuatro años para poder reducir las horas de apagones.
Ante una eventual reforma fiscal, ningún profesional, en este caso los médicos, pueden impedir que la DGII y Hacienda fiscalicen, como a cualquier otro ciudadano dominicano sus actividades de negocios. Los galenos y clínicas mueven muchos millones diariamente y esos recursos tienen que ser fiscalizados por el Estado.
El caso de los Rolex ha vuelto a acorralarla en los tribunales. Al no figurar en su declaración de bienes, su salida fue que los relojes se los había prestado un amigo. A pesar del cerco judicial y de su cada vez más baja popularidad dice que dejará el poder en 2026. Como pinta el panorama esa posibilidad está por verse.
El triunfo de la izquierda y la tapia a la ultraderecha no opacan el fuerte cuestionamiento a su gestión en las elecciones legislativas del pasado domingo. Su formación logró sobreponerse para llegar en segundo lugar después de liderar durante mucho tiempo el escenario electoral. El mensaje ha sido bastante elocuente.
Al no cumplir con la colaboración eficaz a que se comprometió para dilucidar los sobornos de Odebrecht en Perú, la fiscalía de la nación andina ha solicitado su extradición desde Brasil y 36 meses de prisión preventiva. Si pensaba que podía salirse con las suyas en un proceso judicial que los peruanos han tomado en serio, se equivocó.
Su destitución tras el tiroteo en que murieron cuatro personas en el sector Los Pomos representa un obvio cuestionamiento a su gestión. Con la decisión sería importante que se expliquen los pormenores de un suceso que ha sido relacionado con el negocio de las drogas. El caso no debería quedar en el aire y menos con la sanción.
Sus declaraciones misóginas han encendido más el debate sobre el Código Penal y la violencia de género. Al estilo el macho latino afirmó que su mujer está obligada sostener relaciones cuando él quiera y que ese aspecto no tiene por qué estar incluido en la pieza. Tan grande ha sido alarma que su partido se ha desligado de las declaraciones.
En lugar de demostrar la falsedad de la información sobre supuesta corrupción en su Gobierno ha optado por la confrontación con la prensa. Demuestra más que irritación al tildar de canallas y mentirosos a los periodistas que desde su punto de vista dan cuenta de noticias falsas. Basta con aclararlas.
La confrontación como medio para marcar su territorio podría tener nefastas consecuencias en las relaciones diplomáticas de su país. Por los insultos gratuitos al presidente Pedro Sánchez, de España, la nación ibera no tiene embajador en Argentina. Y ahora llega a Brasil a respaldar a Bolsonaro e ignorar al presidente Lula da Silva.
Con las prioridades que tiene la nación la conformación del consejo electoral es una decisión que debe esperar. El problema ahora no son las elecciones.
Su inhabilitación como abogado por ayudar al expresidente Donald Trump a desconocer los resultados de las elecciones de 2020 en Estados Unidos es un duro golpe que no deja de repercutir por estos predios. No ha de olvidarse su condición de asesor de seguridad del presidente Luis Abinader cuando este era candidato.
Sus líos con la justicia han ensombrecido su imagen como deportista. Su prontuario ha vuelto a la palestra con la suspensión por el Tribunal Constitucional de una sentencia con relación a una deuda de 9 millones de pesos que habría tratado de saldar con cheques sin fondo. Los problemas afrontados deben servirle de experiencia.
Su intervención como vocera de su esposo para anunciar que no permitirán que un debate arruine su candidatura y que continuarán en la carrera ha arrojado más dudas sobre las condiciones del presidente Joe Biden. Si él hubiera hecho el anuncio tal vez tendría menos efecto que dejando a su esposa que lo hiciera.
Tal parece que sus ambiciones presidenciales lo han obnubilado respecto al frustrado golpe de Estado encabezado por el destituido jefe del Ejército, general Juan José Zúñiga. No obstante ser uno de los primeros en denunciar las movilizaciones irregulares de los militares, ahora cuestiona la tentativa golpista.
Es el colmo que Conatra, la empresa que fundó y todavía controla vea en el servicio de transporte escolar gratuito implementado por el Gobierno una competencia desleal. Tal vez el suyo y otros gremios esperaban que en lugar del Ministerio de Educación asumir el compromiso se lo hubiera asignado a ellos para que lo operaran.
Los seis años y nueve meses de prisión a que ha sido condenado por malversación de fondos, así como la multa de 30 millones que se le impuso, representa otra clarinada en la lucha contra la corrupción. Con él, que desempeñó el cargo de 2010 a 2016, fueron condenados otros funcionarios del cabildo. El caso es un ejemplo.
Los 45 años de prisión a que ha sido condenado por narcotráfico por un tribunal de Nueva York es, además de una severa estocada a su reputación, un aviso a la clase política dentro y fuera del poder. No le valieron los alegatos e incluso las buenas relaciones que durante sus mandatos cultivó con Estados Unidos.
Si en los Comedores Económicos se cometieron irregularidades es ridículo que sea ahora cuando decidiera dar cuenta. Y peor aún que lo haga para desvirtuar las críticas al gasto que se han formulado al Gobierno. Lo que ha debido hacer desde el primer momento es llevar a los tribunales las supuestas irregularidades.