Santo Domingo.-El Senado de la República aprobó este jueves en segunda lectura el proyecto que modifica la Ley 237-20 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2021 y le agrega un incremento en las apropiaciones de gastos por RD$85,211,481,283.
Esta pieza presenta una nueva estimación de los ingresos del Poder Ejecutivo para el ejercicio presupuestario del año 2021, por RD$766,365,423.
Mientras que las erogaciones que se aprueba al Gobierno Central, en un nuevo total para el ejercicio presupuestario del año 2021, es de RD$1,074,317,127,711.
El presidente Luis Abinader remitió al Congreso Nacional una comunicación que indica que estas reformas introducidas al proyecto sustentan el pronunciado incremento en las recaudaciones, a raíz de las favorable evolución del entorno domésticos, y a las presiones por el lado del gasto para llevar a cabo la ejecución del extensivo programa de vacunación y los programas sociales vitales para salvaguardar el bienestar de la población y apoyar la reactivación económica, así como la puesta en marcha de mecanismos y programas para hacer frente a las subidas de los precios internacionales de productos básicos.
En ese sentido, refiere que en materia de ingresos, el notable crecimiento en las recaudaciones a la fecha ha respondido al acelerado ritmo de recuperación que ha exhibido la economía dominicana durante el primer semestre del año, al alza en el precio del oro y la reincorporación de las disposiciones sobre la Ley 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial.
El mandatario refiere que en las erogaciones se plantea un incremento neto de RD$85,211.5 millones en los gastos; el incremento total de gastos para lo que resta del año, ha sido mitigado por un proceso de priorización y aumento en la eficiencia en la calidad del gasto público.
Indica que este proyecto que se somete a consideración incluye un incremento en las apropiaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por RD$40,871.1 millones, de los cuales, RD$$31,115.9 millones serán destinados a cubrir los costos de las vacunas contra el covid-19, adquiridas tanto a través del mecanismo COVAX, como de otros contratos.