La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional continuó hoy el juicio del caso Los Tres Brazos, con la contestación de la defensa de los imputados a la acusación presentada por el Ministerio Público.

El recurso de apelación es contra la decisión del exjuez Juan Francisco Rodríguez, Consoró, que de forma extraña descargó a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), así como de otros 16 acusados por la venta ilegal del sector Los Tres Brazos.

Al responder preguntas de la prensa sobre el recurso de apelación, el fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que “el caso bochornoso de corrupción debe ser discutido en un juicio”.

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“En el día de hoy el Ministerio Público presentó su recurso de apelación en contra de la decisión que dio un auto de no ha lugar a los imputados del Caso de Los Tres Brazos”, detalló.

“Nosotros pudimos demostrar al tribunal que la decisión que nosotros apelamos fue una decisión completamente injusta, contradictoria, ilógica y violatoria a lo que son las leyes y el debido proceso”, agregó el fiscal litigante.

En ese mismo sentido, dijo: “tenemos toda la seguridad de que una vez la corte de apelación examine nuestro recurso y examine esa decisión no hay ninguna otra posibilidad que no sea dictar auto de apertura a juicio para que este caso bochornoso de corrupción se discuta en un juicio que es a lo que aspira el Ministerio Público y a lo que aspira la sociedad dominicana”.

Marmolejos adelantó que la semana próxima continúa la presentación del recurso de apelación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y luego las réplicas de los imputados a los recursos de apelación.

La Primera Sala Penal del tribunal de alzada está integrada por los jueces Doris Pujols, Rafael Báez e Indhira Montás ordenaron el inicio de la audiencia a las 9:00 de la mañana.

El órgano acusador estuvo representado por los procuradores fiscales José Miguel Marmolejos, Rosa Pichardo, Aurelio Valdez y Wagner Cubilete.

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) estableció que los involucrados en la trama enajenaban propiedades del Estado dominicano conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas.

Además de Leoncio Almánzar, en este caso fueron acusados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, ex consultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional. Igualmente, Juana Inés Gómez Williams, entre otros.