Santo Domingo.-Siguen las manifestaciones de rechazo en con contra de la agresión de que fue objeto el defensor del pueblo, Pablo Ulloa y varios miembros de la prensa el pasado lunes, en el centro de retención, conocido como el Canódromo, donde lleven los vehículos incautados por la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett).

Al respecto, el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, calificó como inaceptable la agresión contra la prensa y Ulloa por parte de los agentes de Digesett, al defensor del pueblo y la comitiva que le acompañaba en la labor de inspección a vehículos incautados.

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“Es un atentado a la libertad de expresión la agresión a periodistas, camarógrafos y fotógrafos en ese acto”, dijo Gustavo Sánchez, criticando también que se incautaran equipos e instrumentos de trabajo de los periodistas.

Sánchez, censuró también la agresión a la representación de los medios de comunicación en el incidente, que ha recibido el reproche de la ciudadanía.

“Es un hecho muy lamentable, no se debe repetir con nadie, menos con una figura como el defensor del pueblo, amparada por la Constitución de la República”, agregó el legislador.

Participación Ciudadana

Asimismo, la organización no gubernamental, Participación Ciudadana, expresó su rotundo rechazo a la agresión de que fueron objeto Ulloa, su equipo y miembros de la prensa que lo acompañaron en la referida inspección.

La entidad de la sociedad civil considera que esta acción constituye un grave atentado a la libertad de prensa, agravado por la acción de borrar lo documentado en el incidente, afectando el derecho a la información que tiene la población.

“Es totalmente inaceptable que frecuentemente miembros de los cuerpos policiales y militares se comporten de manera dictatorial, agresiva y arbitraria contra ciudadanos y ciudadanas, y menos aún contra una autoridad constitucional como el Defensor del Pueblo, totalmente revestido del derecho de presentarse en cualquier organismo público o privado donde se haya denunciado violaciones a los derechos de la población”, expresó el Comité Directivo de la entidad en un comuicado.

La organización enfatizó que, tratar de impedir la entrada a Ulloa a un recinto público, agredir a la comitiva, despojar de cámaras y celulares a los miembros de la prensa, son delitos que deben ser sancionados de manera ejemplar, no sólo con la destitución sino también con un sometimiento a la Justicia.

“Es hora de que, de una vez por todas, las fuerzas del orden entiendan que no están por encima de las leyes, ni para atropellar a los ciudadanos y que los recintos públicos no son lugares cerrados, protegidos por un muro de impunidad, donde nadie se entera de lo que ahí pasa”, precisó.