Puede explicarse, no justificarse, que en la gestión de Jean Alain Rodríguez como procurador general de la República no se indagara sobre los 39. 5 millones de dólares en sobornos que según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación pagó la constructora Odebrecht para Punta Catalina y otras siete obras bien identificadas. Sabían las autoridades que tocar esa tecla era como abrir una caja de Pandora, con un efecto devastador para la imagen del Gobierno peledeísta. El interés en ese entonces no era establecer responsabilidades sobre los pagos ilícitos, sino encubrir a los sospechosos y, de ser posible, embarrar a la oposición, representada por el PRM, con la vinculación de connotados dirigentes, como se evidenció con el caso de los 92 millones, con el escándalo.

La primera versión sobre los pagos ilegales, que se hacían a través de seudónimos, se divulgó en junio de 2019; o sea hace casi tres años. Desde entonces hasta la fecha no se sabe si las actuales autoridades han dado algún paso para aclarar la veracidad de la información. No ha de olvidarse que en función del acuerdo de lenidad la constructora estaría obligada, de confirmarse los sobornos, a pagar al Estado el doble (79 millones) como indemnización. Cuesta mucho creer que durante ese largo período no se haya obtenido de Brasil o de la propia constructora una relación detallada, con nombres, apellidos y montos, sobre las erogaciones ilícitas. Vamos a suponer que tratándose de un escándalo que estalló en la pasada administración las autoridades entendieran que lo mejor era no batir el caso para evitar malos olores.

Sin embargo, el tufo ha vuelto a contaminar la atmósfera con los 9,558.296 millones de dólares que en un expediente remitido a Perú en octubre de 2021 reconoce la constructora que pagó a partidos y candidatos en República Dominicana para las elecciones d 2006. La empresa cita las obras y los seudónimos a través de los cuales efectuó los desembolsos. Por las erogaciones el Estado recibiría otra indemnización equivalente al doble de los sobornos.

No es que la curiosidad no mate a cualquiera por conocer la identidad de “Pato Rouco”, “Chalaca”, “Sina L.”, “Segunda Dama”, “Barbie”, “Veia”, “Tigres”, “Cachimbo”, “Boticario”, “Aceite”, “Pervertido”, “Trator” y “Boca Mole”, entre otros seudónimos con que Odebrecht pagó sobornos, sino que la Procuraduría General de la República tiene que dar señales más concretas para despejar la incertidumbre que rodea la aclaración de un escándalo que por ahora parece trillar el sendero de la impunidad. Es al menos lo que sugiere el largo tiempo que ha transcurrido sin que se vea ninguna acción para establecer responsabilidades.