El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surún Hernández, junto al comerciante Manuel García Mejía, sometió hoy a la Justicia al viceministro de Infraestructura Vial del Ministerio de Obras Públicas, Elías Santana y al empresario y dirigente del PRM, Rafael Guzmán Méndez, gerente de la constructora Cogusa SRL, por alegada complicidad en las irregularidades en la contratación del proyecto de ampliación de la Autopista de San Isidro, proceso en el que están siendo procesados el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión Burgos y dicha constructora.
El sometimiento de los nuevos involucrados en este caso fue interpuesto ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusados de estafa, asociación de malhechores, prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder, usurpación de funciones, violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sobrevaluación de la obra por más de 600 millones de pesos, algunas de dichas infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 126, 127 y 185 del Código Penal.
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Surún Hernández y el empresario Manuel García Mejía calificaron como escandaloso que el Ministerio de Obras Públicas haya admitido públicamente que la ampliación de la autopista de San Isidro fue asignada a la Constructora Cogusa, S.R.L, sin licitación, en violación a las leyes de Compras y Contrataciones antigua 105-67 y actual la 340-06, alegando que se trata de una adenda a un contrato del 2001, que data de 22 años atrás, regido por la anterior Ley.
“Sin embargo, confirmamos que el párrafo del artículo 18 de la Ley de Compras y Contrataciones antigua la 105 del año 1967, por la que se rige dicho contrato, prohíbe de manera expresa la sesión de cualquier tipo de contrato para obras viales”, explicó Surún.