Como si el Gobierno tuviera algún impedimento para acometer la eliminación de los perniciosos programas de asistencia social de los legisladores, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se conformó con opinar que el barrilito y el cofrecito deben suprimirse.

Pero desde su posición burocrática y como presidente del PRM es mucho lo que puede hacer para que se eliminen programas inconstitucionales y que tanto encarecen la función legislativa. Su opinión resulta más cuestionable todavía por el hecho de que en el proyecto de presupuesto para 2021 se consignaron los fondos que desde su punto de vista deben suprimirse.

Llama la atención que el PRM defienda la elección de miembros independientes para la Junta Central Electoral (JCE) como ejercicio de equidad y transparencia sin que al mismo tiempo promueva programas de asistencia que aparte de ilegales representan privilegios para los beneficiados.

Paliza no se congracia con los sectores que se han pronunciado contra el barrilito al decir que el programa debe ser eliminado. Al no usar la influencia política que tiene para que se elimine y no cuestionar la inclusión del programa en el presupuesto denota ambivalencia.

Lacera los más elementales sentimientos no solo que la función de legislador implique tantos privilegios, por demás irritantes, sino que la clase política los aúpe, sea por comisión u omisión. Paliza sería ovacionado si en lugar de condenar promueve alguna iniciativa para eliminar el barrilito.