El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, acusó hoy al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de desatar una persecución tenaz en su contra a través de la Cámara de Cuentas y advirtió que la entidad emprenderá una lucha radical de acciones legales contra la supuesta tentativa del Gobierno de apoderarse de ese gremio por la fuerza.
Surún Hernández dijo que tras la derrota que sufrió el oficialismo en ese gremio, Paliza ha utilizado el órgano fiscalizador del Estado para atribuirle irregularidades inexistentes a toda su junta directiva.
“Es una persecución perversa, él quiere destruirme como ser humano, por mi posiciones y luchas que él no pudo conseguir con voto, pero ahora él quiere destruir el Colegio de Abogados, armando un expediente para meter preso a toda la Junta Directiva del Colegio de Abogado que le ganó en la pasadas elecciones”, expresó Surún.
Consideró que Paliza maneja la Cámara de Cuentas como si fuera un “muchacho de mandado”.
“El Gobierno no va a tomar el Colegio de Abogados, porque la intención es asaltar el Colegio de Abogados”, expresó.
Anunció que se emprenderán acciones legales contra la alegada tentativa del Gobierno de tomar a la fuerza esa institución
Surún dijo que la Cámara de Cuentas siendo una entidad fiscalizadora ha actuado como si fuera un tribunal, condenándolo por desacato, que es una acción penal.
Insistió en que la Cámara de Cuenta no le ha entregado la resolución que solicitó el 5 de agosto porque no tienen pruebas y que todo ha sido un invento.
El Consejo Nacional y la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana, máximos órganos de dirección de dicho gremio, compuestos por 35 presidentes de todas las provincias, calificó como ilegal, inconstitucional, insensata y abusiva la declaratoria de desacato emitida por la Cámara de Cuentas (CCRD) en contra de su presidente.
Señala que ese organismo no solo por usurpar las funciones de persecución, juzgamiento y condena propias de los tribunales, sino por condenar por desacato a quien no se le ha notificado la resolución que supuestamente ha desacatado, violando una vez más su propia ley.
