Estados Unidos ha vuelto a elevar el nivel de alerta de viajes para sus ciudadanos a República Dominicana por lo que define como alta criminalidad, asaltos y agresiones sexuales, así como el incremento de los casos de infecciones por covid-19.
El Departamento de Estado debería consignar esa misma advertencia a viajeros estadounidenses que procuren viajar a casi todo el mundo, así como agregar la altísima peligrosidad que conlleva viajar o vivir en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago.
Aunque comparar riesgos por delincuencia con otros destinos sería como consuelo de tontos, es menester resaltar que otras metrópolis latinoamericanas representan mayor peligro que el que conlleva disfrutar de playas, ríos, montañas o cualquier lugar en esta tierra de primacías.
A pesar de que en el portal del Departamento de Estado de Estados Unidos se resalta que las áreas turísticas están mejor vigiladas, que se dispone de un cuerpo de policía turística profesional y que aquí opera un sistema de emergencia 911, considera que la justicia penal es débil y que eso incide en el alto nivel de delincuencia.
El Gobierno ha reaccionado ante el brote de delincuencia y criminalidad con la incorporación de personal militar en el patrullaje de barrios populares y sectores residenciales, lo que según las autoridades ha ayudado a reducir la comisión de tipos penales como atracos y robos.
No hay razones para censurar o rechazar la advertencia que autoridades estadounidenses formulan a sus ciudadanos sobre lo que estima como alta incidencia de crímenes y delitos en suelo nacional, aunque siempre ese tipo de notas tienden a la exageración.
Es posible que el escrito de advertencia sea aún mayor para viajeros con destinos a México, Brasil, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Nigeria, Siria u otros países a los que siempre es deseable visitar con la debida cautela, lo mismo que a naciones del mentado Primer Mundo.
El llamado del Departamento de Estado a sus ciudadanos a “tener mayor precaución en República Dominicana”, debería servir de clarinada al Gobierno, Ministerio Público, Justicia y Policía para que intensifiquen esfuerzos por reducir a su mínima expresión la delincuencia y la criminalidad.
