Santo Domingo.-El Tribunal Constitucional ordenó el archivo definitivo del expediente que interpuso la Cámara de Cuentas de la República Dominicana mediante instancia depositada en abril del presente año acusando a la Procuraduría General de la República (PGR)de violar su competencia.
El tribunal dictó la decisión porque la Cámara de Cuentas de la República Dominicana mostró su falta de interés en continuar con la tramitación del conflicto de competencia, lo que constituye motivo suficiente para acoger su desistimiento.
En tanto la PGR comunicó que aceptaba el desistimiento respecto de la acción por conflicto de competencia.
Dijeron que Ministerio Público aceptaba el desistimiento mediante acto bajo firma, suscrito por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y sus abogados constituidos y apoderados, Frinette Padilla y Félix Tena de Sosa.
Fue en 7 d abril del 2021 cuando la Cámara de Cuentas sometió al Ministerio Público por conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional de una acción de conflicto de competencia acusándole de violar su autonomía funcional.
La instancia, suscrita por los juristas Eduardo Jorge Prats, Julio Cury y Francisco Franco, consigna que el Ministerio Público invadió la potestad de autogobierno, organización y planificación de las políticas de control externo de la Cámara de Cuentas.
En la sentencia de hoy se libra acto de aceptación depositado ante el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público solicitó librar acta de desistimiento otorgado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana mediante la Resolución No. ADM-2021-007, emanada de la sesión ordinaria celebrada por el pleno de ese órgano en fecha 3 de agosto de 2021.
Con la emisión de la referida resolución, la Cámara de Cuentas desistió formalmente de dicha acción por conflicto de competencia interpuesta contra el Ministerio Público mediante instancia depositada ante el Tribunal Constitucional el 6 de abril pasado, expediente marcado con el número TC-03-2021-0002.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó el archivo definitivo de dicho expediente y la declaración del proceso libre costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
