Decenas de abogados e ingenieros del Ministerio de Educación trabajan para sacar del “nudo legal” en que la institución encontró a 718 escuelas, cuya terminación no era posible  porque los contratistas se declararon en quiebra, murieron, se  marcharon  del país   o  carecen de terrenos para levantarlas.

Fernando Taveras Rodríguez, director general de Mantenimiento de Infraestructura Escolar, manifestó que el objetivo es que, al finalizar el 2024, el 100% de esos planteles estén terminados y entregados a sus respectivas comunidades.

Explicó que, en ese proceso, trabaja al amparo de la Ley transitoria 118-21, la cual permite reformular y actualizar los presupuestos de esas obras.

  Esa legislación, cuya vigencia se extenderá hasta hasta el 31 de diciembre de 2024, sustituyó en  2021 a la Ley 340, que impedía cualquier accionar legal en ese sentido.

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“Esos 718 planteles cayeron en un limbo legal, porque  porque no se podía cubicar ni se podía pagar tampoco”, precisó.

Los avances

 “Desde que se aprobó la Ley 118-21 hemos desatado el nudo legal a unos 360 centros educativos cuya construcción o terminación estaba detenida”, manifestó el funcionario.

Agregó que “aún nos quedan varios centros que estamos trabajando el desenredo, para montarlos en la nueva Ley”.

“Se trata de  un proceso técnico y jurídico que necesita el consenso de la parte técnica del Ministerio de Educación y los contratistas, para lograr la meta”, precisó.

En el marco de ese proceso, aseguró que 32 centros fueron liberados de la traba legal e incorporados al sistema educativo con un total de 579 aulas, que benefician a una población estudiantil de 2,316 niños.

“Cada centro tiene una situación particular, la cual debe ser evaluada de forma independiente. Evaluar por qué está detenida la construcción de cada centro, el mal manejo financiero de los contratistas, el pago de los terrenos”, indicó.

Algunos problemas con escuelas

Taveras Rodríguez recordó que 62 centros educativos que fueron contratados sin que los ingenieros tuvieran terrenos donde levantarlos.

 Dijo que 42 contratistas recibieron el 20% de avance para levantar las obras, monto que asciende a más de RD$367.2 millones.

“El Ministerio tiene la responsabilidad de conseguirles terrenos para ejecutar el dinero que esos contratistas tienen del  Estado dominicano”, explicó.

  Expresó que, en otros casos, los contratistas poseen terrenos, pero es imposible levantar los planteles en ellos, porque  son terrenos fangosos, arcillosos, se innundan o están ubicados en lugares que constituyen un peligro para la salud de los estudiantes.

  “Estamos haciendo un replantamiento de esa inversión porque, en algunos casos, readecuar esos terrenos cuesta 5 ´0 6 veces más que construir la escuela”, precisó Taveras Rodríguez.

Serán sometidos

El director General de Mantenimiento e Infraesctrura Escolar del Ministerio de Educación, Fernando Taveras Rodríguez, manifestó que algunos contratistas que incumplieron sus contratos con esa dependencia estatal serán sometidos a la Justicia y que decenas de casos ya están siendo evaluados por el Departamento Jurídico, que determinará cómo proceder.