Santo Domingo. – Un tribunal de primera instancia condenó a la empresa Agroforestal MACAPI, S.A. y a su propietario Manuel Castillo Pimentel al pago de RD$60 millones entre multa e indemnización, además de imponer dos años de prisión suspendida, por los daños ambientales ocasionados en Loma Redonda, en la provincia San José de Ocoa.

La condena fue impuesta tras acoger la solicitud del Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), por violaciones a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y la Ley 57-18, Sectorial Forestal, en perjuicio del Estado dominicano.

El juez Alfis Brandeli Castillo Castillo, del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa, dictó dos años de prisión en modalidad suspendida contra el agroempresario, conforme al artículo 341 del Código Procesal Penal.

Multa, indemnización y reparación ambiental

La sentencia ordena a Agroforestal MACAPI el pago de una multa de cinco mil salarios mínimos, equivalentes a RD$50 millones, así como una indemnización de RD$10 millones al Estado dominicano por los daños morales causados, luego de que el Ministerio Público se constituyera en actor civil.

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Además de las sanciones económicas y penales, el tribunal dispuso la reparación y restauración ambiental de un área afectada de aproximadamente 100 tareas, mediante la implementación de un plan de reforestación con especies nativas, bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El procurador de corte Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, explicó que la indemnización impuesta constituye “la justa reparación de los daños morales sufridos por el Estado dominicano como consecuencia de los ilícitos ambientales cometidos”.

Deforestación, daño a recursos hídricos y construcción irregular

De acuerdo con la acusación, los condenados causaron la deforestación de más de 150 tareas, afectando gravemente los recursos del suelo, la biodiversidad, la flora, la fauna y los recursos hídricos de Loma Redonda, mediante la eliminación de especies nativas como nin, jobo de puerco, guama, uva, palo hediondo, lino, caimito, candelón, almácigo, jabilla y bayahonda, entre otras.

El expediente detalla que una fuente hídrica resultó severamente impactada y quedó al borde del colapso tras la deforestación de unas cuatro tareas en su entorno. Asimismo, se estableció la construcción irregular de una explanada de 13 mil metros cuadrados y de caminos carreteros con una extensión aproximada de nueve kilómetros.

Proceso judicial

La sentencia, identificada con el número 00010/2023 y dictada el 11 de mayo de 2023, fue notificada al Ministerio Público el 10 de diciembre de 2025, tras gestiones realizadas por la Proedemaren.

El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Rudy Alberto Pérez Medrano, José Espinal Beato, Ramón Emilio Calderón y Héctor Santiago Peralta, y el proceso judicial se inició en julio de 2022. El fallo también ordena el pago de las costas penales.