El diálogo ha vuelto a salir airoso con el pacto a que arribaron representantes de distintas comunidades de la provincia Sánchez Ramírez y la minera Barrick Pueblo Viejo para la construcción de una presa de colas por la empresa.

Las confrontaciones, que dejaron heridos y detenidos, parece que terminaron con el acuerdo avalado por el Gobierno, la Iglesia católica, el defensor del Pueblo y otros sectores.

Para que se le permitiera la construcción de la presa de desechos tóxicos, la minera contempla inversiones por más de 20 mil millones de pesos en el reasentamiento de residentes en las comunidades afectadas por la obra.

El acuerdo contempla la construcción de viviendas dignas, acceso a servicios como agua potable, educación, electricidad, salud, instalaciones deportivas, una unidad de atención primaria, mercado y un plan de compensación para cultivos de ciclo corto y largo.

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Lo que no se definieron fueron los plazos para la construcción de las obras ni el desplazamiento de los residentes en las comunidades afectadas por una presa que tendrá una extensión de 157 metros de altura y cuatro kilómetros de largo.

Pero el acuerdo pone fin, al menos de momento, a las confrontaciones entre comunitarios y la minera. Los mediadores, coordinados por la Iglesia católica, lograron un acuerdo que se espera no sea lesivo para el medio ambiente.