El paro de docencia convocado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en planteles de al menos cinco provincias constituye otro golpe demoledor contra la maltrecha escuela pública dominicana sometida a un fuego cruzado de indiferencia, indolencia e irresponsabilidad del gremio magisterial y de las autoridades educativas.

Como si fuera la única fórmula posible para reclamar reivindicaciones gremiales o mayor atención a males que confrontan edificaciones escolares, la ADP vuelve a cerrarle las puertas del saber en las narices de los estudiantes, quienes como ha sido ley y costumbre, pagan por los platos que otros rompen.

Desde siempre el sistema educativo nacional adolece de falencias estructurales, como déficit de aulas, butacas, pizarras, textos y uniformes o dificultades en el programa de desayuno, merienda y almuerzo escolar, pero ninguno de esos problemas se resuelve con la paralización de docencia.

Los avances o logros que ha obtenido el sistema educativo, como transporte escolar y horario extendido, no han sido fruto de las tantas huelgas y paros convocadas por la ADP, sino por el diálogo entre los actores de la comunidad educativa y, en cierta medida, por presiones mediáticas y de la sociedad civil.

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No se conoce la convocatoria de ningún cierre escolar para obligar al personal docente a cumplir cabalmente con el calendario docente o para que actualice sus currículos académicos y se someta a evaluaciones de eficiencia en desempeño.

Por orden de la ADP centenares de escuelas fueron cerradas en distritos escolares de Santiago, Espaillat, Duarte, Hermanas Mirabal y San Juan de la Maguana, abuso o violación de derechos que seguramente se repetirá una y otra vez a nivel nacional, con lo cual ese sindicato magisterial aumenta la brecha académica entre alumnos de colegios privados y públicos.

Tan indolente ha sido ese sindicato que ordena suspensión de docencia hasta para celebrar asambleas profesorales, que debería convocar para fines de semana o fuera del horario escolar, como si no fuera obligación de sus afiliados impartir docencia de lunes a viernes.

Las autoridades de educación no deberían guarecerse en la inconducta que se le atribuye a la Asociación de Profesores para encubrir crasa irresponsabilidad o negligencia en el abordaje de una dilatada crisis educativa, aunque se reitera que no existe ningún motivo válido para negarles a los estudiantes el derecho a la educación.