El proyecto de nuevo Código Penal, que ha deambulado por más de 20 años en vericuetos del Congreso Nacional como vejestorio con más de un siglo de vigencia, pretende ser convertido en ley de la noche a la mañana en condiciones relativamente similares a cuando fue copiado del derecho francés, en 1884.

En cinco gestiones congresuales no ha sido posible consensuar un conjunto de tipos penales que se correspondan con una sociedad integrada a un mundo globalizado que ya ingresó a la denominada Cuarta Revolución Industrial o a la era de la inteligencia artificial.

Los más graves ilícitos penales están hoy conectados a la influencia del exterior, como el terrorismo, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas, a los que se unen crímenes y delitos generados en el seno de una sociedad en desarrollo, sostenida en una economía abierta e interconectada con el mundo.

En torno al Código Penal, el Poder Legislativo ha tenido comportamiento dubitativo o sumiso ante intereses fácticos o conveniencias políticas, sin tomar en cuenta que ese instrumento jurídico se erige como garante de la gobernanza y de los derechos individuales y difusos.

El Código que se pretende aprobar a la carrera, no incluye las tres causales sugeridas para la interrupción del embarazo, pero mantiene un esquema de represión jurídica que alienta el aborto ilegal y niega derecho a la mujer sobre su aparato reproductivo.

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El Ministerio de la Mujer, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Gabinete de Niñez y Adolescencia (Gana) expresan preocupación porque esa pieza contiene artículos que representan un retroceso significativo y violan el sistema legal de protección y los derechos del menor.

En ese texto se establece que no se considerará violencia intrafamiliar la corrección y disciplina a los hijos por los padres o tutores porque la flagelación inferida no se definirá como «violencia o abuso físico», lo que permitirá golpear a niños y adolescentes con indeseables «peleas», herencia de sociedades primitivas.

Las figuras de la mujer y el menor en ese proyecto quedan disminuidas en la mayoría de tipos penales que les son inherentes, como la pena por violación sexual perpetrada por la pareja y se enrarece la calificación cuando lo realiza un depredador, sin tomar en cuenta que esas son las causas de tantos feminicidios. El presidente Luis Abinader haría bien en observar ese adefesio si se llegara a aprobar.