El presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Elpidio Báez, afirmó esta mañana que existe un peligro real de que la Ley Orgánica del Derecho a la Intimidad, el Honor, el Buen Nombre y la Propia Imagen se convierta en una traba para el ejercicio del periodista en República Dominicana.

En tanto que la senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de Baoruco, Melania Salvador, reafirmó que el proyecto aprobado en dos sesiones en el Senado ha sido malinterpretado por algunos sectores y dijo que no busca coartar la libertad de expresión y difusión del pensamiento.

Báez sostuvo que el citado proyecto de ley abre una brecha a una violación de la Constitución, pues establece un régimen de censura previa al contemplar para los medios de comunicación que para hacer una publicación de una noticia o de una fotografía tenga que tener el permiso de la persona involucrada en el hecho.

“Hay por los menos seis artículos de este proyecto que evidentemente chocan con la Constitución de la República, pues reducirían la libre expresión y difusión del pensamiento”, sostuvo.

Añadió que “establece sanciones que por demás abren una brecha para el establecimiento de la censura previa porque ese proyecto establece que cuando un periodista va a un lugar a un encuentro de prensa o a una reunión no puede referirse a lo ocurrido allí, no puede hablar de lo que pase allí y eso coarta la libertad de expresión”.

Báez destacó que es el periodista como profesional en la materia quien debe decidir si información tiene valor noticioso o no, sin tener que consultar con los involucrados.

Afirmó que la Constitución de la República prohíbe la censura previa en cualquier circunstancia.
Resaltó el legislador peledeísta que el proyecto que busca garantizar el derecho a la intimidad, el buen nombre y la propia imagen ha sido objeto de críticas de distintos sectores que lo ven como un peligro para la labores de la prensa en República Dominicana.

Planteó que se consulte a todos los sectores del país en torno a la pertinencia o no de este proyecto que busca garantizar derechos fundamentales.