Buenos Aires. EFE. Alberto Fernández, que cumple un mes como presidente de Argentina, dijo al asumir el poder que se encontró con una “tierra arrasada” que le ha obligado, entre otras medidas, a crear un impuesto “solidario” orientado a la redistribución de ingresos pero que implica también un guiño a los acreedores de la deuda.
La Presidencia del peronista Fernández ciertamente parte con “terroríficos números”, como el propio mandatario los ha calificado- el PIB de Argentina habría vuelto a caer al menos un 2,5 % en 2019; la inflación habría acumulado el año pasado un alza cercana al 55 % -la mayor tasa de los último 28 años-; el nivel de desempleo es del 9,7 % y el de pobreza ronda el 40 %.
En su discurso de investidura el 10 de diciembre, Fernández propuso empezar a resolver la crisis mediante un “contrato social fraterno y solidario” y en pocas semanas adoptó una serie de medidas que implican un giro en la política económica, ahora de perfil heterodoxo, que unos ven como “justicia redistributiva” y otros como “ajuste” a los sectores medios y altos.
“Yo sé que a los que están mejor les duele que uno les pida más esfuerzo, pero todo ese dolor será saldado cuando veamos que ya en Argentina no hay hambre”, sostuvo Fernández el miércoles pasado en un acto.
El nuevo Gobierno decretó el pago de bonos a jubilados y trabajadores del sector privado y del público y creó una tarjeta para la adquisición de alimentos por parte de los sectores más vulnerables.
“Hay un esfuerzo por parte del Gobierno para inyectar unos 100.000 millones de pesos (unos 1.590 millones de dólares) en la economía”, afirmó el martes pasado el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que argumenta que recomponer ingresos impactará positivamente en el consumo y en la actividad económica en general.
Los recursos para estas políticas saldrán en buena parte de los cambios impositivos incluidos en la ley de “emergencia económica”.
