El fundamento, solidez y sentido de los aciertos o advertencias en temas fundamentales y la posibilidad de que pueden mantener su vigencia con el paso del tiempo, constituyen la muestra inequívoca de qué lado está la verdad cuando a nivel de opinión pública se debate un caso de alto interés nacional.

Esos son precisamente los elementos que con precisión y brillantez expuso en su momento el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu y que luego de largos meses de un encendido debate cada día muestran con claridad meridiana el grave peligro a que se expone el país si se aprueba despojar a los fondos de pensiones del 30% de sus recursos.

Como garante en gran medida de la estabilidad macroeconómica del país y artífice de una política de manejo prudente reconocida por organismos financieros internacionales, Valdez Albizu cumplió con un alto servicio al país al producir un detallado documento en que calificaba esa propuesta del diputado Pedro Botello, como “desafortunada e improcedente” contra la estabilidad de la economía

Valdez Albizu fue certero y lo sigue siendo con sus señalamientos en torno al proyecto de ley sometido a las cámaras congresuales para tratar de modificar la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y de esa forma permitir que los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) puedan retirar hasta un 30% de sus ahorros en las cuentas de capitalización individual, con la intención de mitigar su situación económica en el estado de emergencia que vive el país producto del coronavirus.

Como puntualizó el Gobernador en su oportunidad y ha sido corroborado una y otra vez por economistas, empresarios y también sindicalistas, la iniciativa de Botello con el pretexto de proveer recursos a los afiliados en medio de la pandemia de la covid, carecen de los fundamentos técnicos y analíticos elementales, y adolecen de sustentación teórica y legal.

Tan importante como esto es que, de forma obviamente deliberada como su objetivo es confundir, Botello se ha esforzado en no transparentar las implicaciones económicas y financieras de gran envergadura que tendría la implementación de una política de esta naturaleza en contra la economía nacional y desatando una inflación galopante.

Por: José Alexis Robles
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