El proyecto de Ley de Modificación del Presupuesto General del Estado no supone una simple recomposición de las partidas asignadas a los ministerios y direcciones generales, sino una adecuación de activos a necesidades urgentes que requieren la atención del Gobierno antes de que concluya el año.
Se incurriría en un grave error si en esa modificación presupuestaria se aplica el criterio de desvestir un santo para vestir otro, si no se toma en cuenta que lo que se aborda es el instrumento esencial para promover desarrollo y garantizar equidad en la redistribución del ingreso público.
Como ha sido costumbre, en la propuesta entregada al Congreso por el director general de Presupuesto, se consigna un aumento de RD$14,871.7 millones a 12 instituciones encabezadas por la Presidencia de la República, aunque se afirma que la mayoría de esos recursos estarían destinados al Gabinete de Política Social.
En esa propuesta de modificación se proyecta un incremento en los ingresos al cierre de 2022 de RD$114 mil millones, pero entre los ajustes sugeridos figura una disminución por más de cuatro mil millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Educación, específicamente en las partidas de servicios técnicos pedagógicos y servicios educativos para niños de 6 a 11 años y de 12 a 17 años.
Esos recursos succionados a la ley que instituye el 4 % del PIB a la educación, estaban consignados también para construir instalaciones escolares “seguras, inclusivas y sostenibles”, por lo que no se entienden las razones para imponer esa penalidad presupuestaria en tan vitales partidas.
Tampoco resulta fácil explicar las razones por las cuales se disminuyen partidas correspondientes al Ministerio de Obras Públicas, que muy bien deberían ser redirigidas a reforzar los programas de construcción y pavimentación de calles y avenidas.
Se resalta como positivo el incremento de recursos dirigidos al Ministerio de Salud, destinados al Centro de Atención Integral de la Discapacidad, al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y al programa VIH-Sida, aunque cualquier sobrante presupuestal debería servir para mejorar los servicios hospitalarios.
El Congreso no debería desempeñar papel de sello gomígrafo al momento de estudiar, ponderar y decidir sobre una ley de readecuación presupuestaria llamada a impactar en el último trimestre del año sobre el monto del déficit fiscal, nivel de inflación, endeudamiento público y sobre la propia gobernanza.
